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¿Qué órdenes se excluyen de la obediencia debida?
Se trata entonces de la eximente de responsabilidad por obediencia debida, que excluye las órdenes manifiestamente ilegales, entre las cuales, por expresa consagración del Estatuto, se entienden las que van dirigidas a cometer genocidio o crímenes de lesa humanidad.
¿Qué es la obediencia debida?
La obediencia debida supone la existencia de un superior y un subordinado; ligados ambos a través de órdenes jurídicas vinculantes.
¿Qué dice la ley de obediencia debida?
La Ley de Obediencia Debida n.º 23 521 fue una disposición legal dictada en Argentina el 8 de junio de 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que estableció una presunción (es decir, que no admitía prueba en contrario, aunque sí habilitaba un recurso de apelación a la Corte Suprema respecto a los alcances de la …
¿Cuando no se puede aceptar la obediencia debida?
Así las cosas, concluyó que este deber de obediencia no aplica cuando la orden resulta ilegítima, esto es, cuando excede los límites de la competencia o conduce manifiestamente a la comisión de un hecho punible, a la violación de la ley, los reglamentos y órdenes superiores.
¿Qué es la obediencia debida y cuáles son sus limites?
La obediencia debida sería una causal de ausencia de acción, ya que el subordinado no ejecutaría una acción al ejecutar la orden, sino que solo sería un instrumento del superior. Por esta razón este último podría ser sancionado como autor (mediato) y la víctima podría defenderse legítimamente del ataque.
¿Que fueron la obediencia debida y punto final?
Las leyes de “Punto Final” (1986) y “Obediencia Debida” (1987) fueron los instrumentos con los que el gobierno de Raúl Alfonsín buscó clausurar el tratamiento judicial de los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas y de Seguridad durante la última dictadura en Argentina (1976‑1983).
¿Qué establece la Ley de Obediencia Debida y punto final?
¿Quién derogo la Ley de Obediencia Debida?
El 21 de agosto de 2003, el Senado convertía en ley la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, conocidas como la leyes de la «impunidad» o del «perdón», que impedían que lxs responsables de delitos de lesa humanidad fueran juzgadxs.