¿Qué ingresos cuentan para el Ingreso Mínimo Vital?
El IMV se puede solicitar si los ingresos totales del año anterior son inferiores a la renta garantizada anual según el número de personas que forman parte de la unidad de convivencia: de 5.500 euros aproximadamente para una persona sola hasta 12.000 euros aproximadamente como máximo para el caso de una pareja con tres …
¿Cuánto se cobra el Ingreso Mínimo Vital en 2022?
Por otro lado, el importe a percibir será diferente en función de la unidad de convivencia y para 2022 estas serán las asignaciones económicas: Un adulto y un menor: 8.967,39 euros. Un adulto y dos menores: 10.737,27 euros. Un adulto y tres o más menores: 12.507,15 euros.
¿Cuáles son las modificaciones de los créditos iniciales del presupuesto?
En aplicación de la LOU, las modificaciones de los créditos iniciales del Presupuesto se ajustarán a lo que establezca la Comunidad Autónoma en su desarrollo, al Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, TRLGHPJA, supletoriamente a lo regulado en la Ley 47/2003 General Presupuestaria, los Estatutos UCA y las presentes normas. 2.
¿Cómo se financian los suplementos de crédito y los créditos extraordinarios?
2. Los suplementos de crédito y los créditos extraordinarios podrán financiarse por medio de: a) Remanente de tesorería no afectado, en el supuesto de gastos generales. b) Mayores ingresos de los previstos de carácter no finalista.
¿Cómo se realizan las modificaciones de crédito?
Todas las modificaciones de crédito deberán realizarse de acuerdo con los procedimientos formales establecidos en la presente normativa, sin que los responsables de las unidades de gasto puedan realizar o comprometer gastos previamente al reconocimiento de los oportunos derechos. Artículo 36. Régimen jurídico general. 1.
¿Cuáles son los créditos ampliables de la Universidad de Cádiz?
Tendrán igualmente la consideración de ampliables, los créditos siguientes: a) Los créditos necesarios para atender las obligaciones impuestas a la Universidad de Cádiz por una norma de rango legal, sentencia judicial o acta de liquidación dictada por órganos tributarios y de la Seguridad Social.